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Principio de legalidad: Sólo debe concederse la extradición por los delitos expresamente incluidos en la Ley, o no concederse por los expresamente excluidos.

Lo que se quiere juzgar es una infracción leve (sancionada con menos de un año de prisión) o si la condena que debe cumplir la persona reclamada que ya está condenada es inferior a los cuatro meses.

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Buscamos evidencia y argumentos sólidos para la defensa de nuestros clientes, poniendo énfasis en la falta de pruebas o en aspectos técnicos y legales que puedan cuestionar la validez de la solicitud de extradición.

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En JIMENEZ Y LOZANO ABOGADOS contamos con un equipo de abogados especializados en casos de extradición. Nuestros profesionales tienen amplia experiencia en este campo y poseen conocimientos profundos sobre los procesos jurídicos y las regulaciones aplicables en casos de extradición.

En segundo, la extradición es una herramienta que permite a un Estado detener y entregar a una persona que se encuentra en su territorio a otro Estado que lo requiere, con el objeto de ser sometida a un proceso judicial o para cumplir una pena privativa de libertad.

 Extradición activa: Que se refiere a la entrega de la persona que se encuentra refugiada en otro Estado a aquél que la reclama para juzgarla o hacer cumplir su condena ya impuesta por sus tribunales.

En el contexto de la extradición, se deben analizar las implicaciones del derecho penal económico en dos aspectos: el país que solicita la extradición y el país que debe entregar al acusado.

Que un país solicite a España additional info la entrega de un ciudadano a fin de juzgarlo o de obligarle a cumplir una condena si ya hubiera sido sancionado no quiere decir que la extradición se vaya a dar de forma automática.

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Ante la inexistencia de Bonuses tratado, nos debemos regir por la Ley de Extradición Pasiva, esta nos dice que es posible una extradición siempre que se respete el principio de reciprocidad. Es común que se solicite por parte de la máxima autoridad del país requirente un compromiso por escrito.

Traslados de penados o personas condenadas a sus países de origen para el cumplimiento de la condena en la ejecución de sentencias penales

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